#ARUBA / ORANJESTAD – Sin alternativas, millones de venezolanos emigran de su país. Dejando a la suerte su porvenir, muchos se aventuran en viajes de extremo peligro, en busca de protección, de ayuda humanitaria, de asilo. En el intento terminan exponiéndose a situaciones de entera vulnerabilidad.
En Aruba según las cifras registradas residen, 17 mil venezolanos en estatus irregular que, han intentado a través de medios legales establecerse. Pero, el Gobierno de la isla con artimañas legales expuestas como tecnicismos, han rechazado miles de estas solicitudes de asilo. Documento innecesario pues con su aprobación, ninguna persona que lo posea, está exenta de ser deportada.
El asilo se conoce como el amparo o protección que se otorga a una persona. Esta práctica debe garantizar asistencia a quienes han huido de su país de origen por diversas razones. Generalmente relacionadas con la violación de los derechos fundamentales de la vida.
El país que otorga este documento debe ofrecer las garantías de seguridad que el Estado de donde procede el solicitante no esta en las condiciones de brindar. Sin embargo, en la isla de Aruba las leyes mundiales de derechos humanos no proceden.
En la nación El Departamento de Integración Manejo y Admisión de Extranjeros, DIMAS, es el ente que concede, aprueba y regula el documento según sus leyes, que por cierto hasta la fecha desconocidas para el inmigrante.
En días pasados una fundación en pro a los venezolanos trato de contactar a las autoridades de DIMAS, para hacer del conocimiento en una conferencia, los derechos y deberes que contiene el papel de asilo que otorga Aruba a la ciudadanía venezolana, pero ninguna de las autoridades estuvo presente.
De manera extraoficial se conoció que la misma directora del departamento Khaty Paskel, aludió sus responsabilidades por temor a divulgar una cruda verdad. Que, con asilo o sin asilo la deportación es inminente.
Los ciudadanos que obtenían este documento tenían por ley que, presentarse en la sede de DIMAS mensualmente a firmar. Una norma absurda que fue emitida según el organismo migratorio para llevar control, como si fueran presos en libertad condicional. Y después de la pandemia el Departamento les pidió realizar el proceso vía online.
Estos últimos días las denuncias por fallas en el sistema, han inundado las redes, resulta que ahora pretenden deportar a quienes no enviaron dicha solicitud firmada. Pero, con un canal abarrotado por la cantidad de requerimientos, solicitudes y envíos, ninguna de las cartas firmadas emitida por los asilados fue recibida.
¿A que está jugando DIMAS?, el extremo rechazo a este grupo de ciudadanos que vive entre la desidia y desesperanza es categórica. De acuerdo con las reglas del ente, las personas que poseen asilo tampoco pueden trabajar. Entonces para que otorgar una orden de protección si ni siquiera cumplen con las leyes mundiales que ampara los derechos humanos.
Hasta cuando se van a aprovechar de la comunidad más vulnerable. Es momento de que algún organismo internacional haga acto de presencia en Aruba y certifique estas violaciones que atentan contra la vida, la dignidad y el respeto humano.
Redacción – Esperanza Luna